Economía y Desarrollo

 

HIDROCARBUROS

 

La política del Estado peruano siempre ha buscado intensificar la promoción de actividades extractivas en la Amazonía peruana, en áreas desatendidas históricamente y con graves problemas de integración con la sociedad nacional. Los conflictos sociales y ambientales generados por este tipo de promoción de las inversiones fuerzan la búsqueda de soluciones que permitan desactivar el conflicto generado por la actual política energética, que no incluye, por ejemplo, los principios de conservación de la biodiversidad ni el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Amazonía peruana.

 

De las aproximadamente 70 millones de hectáreas de la Amazonía peruana, casi 53 millones de hectáreas están demarcadas por lotes de hidrocarburos. Durante los años 2003 al 2007, el 68 % de la Amazonía peruana fue lotizada a través de una irresponsable política de inversión de hidrocarburos.

 

Algunos de los lotes adjudicados se superponían a varias Áreas Naturales Protegidas y a una reserva territorial conformada para albergar varios pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Anteriormente a este periodo, ya habían sido concesionados diferentes lotes que se sobreponían a Áreas Naturales Protegidas y territorios ancestrales de los pueblos indígenas. En más de dos décadas de fiebre de hidrocarburos, no se avanzó absolutamente nada para revertir estos problemas y encauzar la actividad por el camino del derecho y la justicia.

 

Si bien es cierto que en la última década, debido a los conflictos socioambientales, se han tomado medidas mucho mayores de control por parte del estado para prevenir los daños ambientales (en la mayoría de los casos sin éxito), es cierto también que no se han tomado las medidas precisas para evitar los daños colaterales que estas actividades generan en las comunidades y pueblos donde se llevan a cabo. La presencia de empresas transnacionales genera en primer lugar la ruptura de la forma de vida tradicional de las comunidades indígenas, al eliminar la economía tradicional basada en la reciprocidad e instaurar una economía monetizada que compra consciencias y genera intereses individuales.

 

En aras del mal llamado “desarrollo sostenible”, las empresas transnacionales invierten fuertes sumas de dinero para paliar las necesidades que ellas mismas han generado en las comunidades indígenas con las que trabajan. Las necesidades generadas y subvencionadas provocan la ruptura de la forma de vida tradicional, basada en el conocimiento del entorno y el aprovechamiento de los recursos naturales.

 

Para poder paliar el daño directo y colateral de las actividades extractivas es necesario romper la barrera de desconocimiento e ignorancia que rodea la Amazonía, acercarse a sus gentes y ecosistemas. Únicamente rompiendo esta barrera se conseguirá diseñar políticas adecuadas de hidrocarburos que permitan el mantenimiento de la calidad de vida, el desarrollo propio de los pueblos amazónicos y el desarrollo nacional, basado en el derecho, el buen hacer y la defensa de lo propio.