Conflictos

 

CONFLICTOS EN LA AMAZONÍA

 

En la Amazonía, los conflictos son generalmente de índole socio-ambiental, debido a la relación estrecha existente entre los pueblos que la habitan y los recursos naturales que las rodean y que, generalmente, quieren ser aprovechados por otros actores externos. La presencia de extractores ilegales, de empresas de hidrocarburos, de empresas mineras, etc., favorece la aparición de conflictos socio-ambientales, basados generalmente en un desconocimiento de la realidad y en una visión sesgada del espacio amazónico.

 

En el plano de la conflictividad social, la causa central de la misma es la superposición existente entre los derechos de uso y propiedad de los diversos actores sociales y agentes económicos. Si bien existe superposición de territorios de pueblos indígenas con Áreas Naturales Protegidas y Bosques de Producción Permanente, la principal transposición se da entre los derechos de propiedad y uso de las comunidades nativas, y las concesiones para Lotes de hidrocarburos. De acuerdo a data oficial de Perupetro, a diciembre de 2012, el 28% del bosque amazónico, equivalentes a 21.4 millones de Ha. está lotizado para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Como resultado de este proceso de expansión de la actividad, según CEPLAN, entre 1999 y 2009, se habrían perforado 646 pozos en la Selva (de los cuales 252 son activos produciendo petróleo y 14 gas, 202 fueron abandonados, 22 son inactivos, 107 son de exploración y 49 son pozos reinyectores de agua o gas.

De acuerdo a la información que maneja la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros, en el 2013, los principales conflictos de la Amazonía peruana correspondieron a las siguientes categorías:

 

* Hidrocarburíferos: registrándose 8 casos de conflicto en la selva peruana, de los cuales 7 se ubican en Loreto y constituyen el total de casos de esta región.

 

* Agrarios: que comprenden problemas de superposición territorial de comunidades nativas con concesiones forestales (San Martín y selva de Junín) y Áreas Naturales Protegidas, además de un caso de producción cocalera en Aguaytía, Ucayali.

 

* Demarcación territorial: identificándose tres casos, dos entre regiones (Loreto- San Martín y Ucayali-Madre de Dios-Cusco) y uno entre distritos (Mazamari- Pangoa en Junín).

 

Frente a la deforestación y los problemas de superposición de derechos existente, la mayor parte de los cuales atañen a los pueblos indígenas, nuestra respuesta, en tanto Estado y nación, consiste en garantizar los derechos ambientales y sociales de las poblaciones. En esta línea, la ley y reglamento de la Consulta Previa, respaldados en la adhesión del Estado peruano al Convenio 169, constituye un instrumento clave de resolución de conflictos que facilitará el diálogo intercultural entre Estado, empresas y pueblos indígenas.